En concreto, se trata de una protesta por el precepto 53.2 que ha introducido el Gobierno en el Anteproyecto de reforma de la citada ley, y que sanciona con multas de entre 501 y 10.000 euros "a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto".
El manifiesto parte de "uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de identidad: la hospitalidad". Los firmantes entienden que este "deber ético está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería".
"ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación", explica el texto, que después asegura que "con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente a las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad".
Para los firmantes, el objetivo de la nueva norma "es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular (...) para que mediante la presión de una situación de precariedad absoluta, vuelva a su país".
Según explican, el Estado "pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos", por lo que proponen al Gobierno que modifique el Anteproyecto e incorpore la condición de que en el infractor exista "ánimo de lucro" para que su conducta pueda ser sancionable.
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1 comentarios:
Completamente de acuerdo. Es muy importante indicar la relación de dependencia económica entre el acogido y quien acoge. No todas las relaciones humanas son delictivas.
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